El Tribunal de Nuremberg dio origen a la Justicia Internacional. Fue un hecho inédito y cómo todas las cosas inéditas, son viables de polémicas. En especial, para quienes juzgados, son condenados. Pero claro, aun cuando el método fuera censurado, dada la característica de lo imputados, la polémica parecía propia de quienes compartían las ideas del nazismo. EL hecho es que no sólo se juzgo a los jerarcas militares nazis detenidos sino, a una gama de colaboradores civiles que prestaban colaboración cómo médicos, intelectuales, empresarios, etc. etc. Los crímenes contra la humanidad no tienen prescripción, razón por la cual, si a pesar que han pasado más de sesenta años alguien condenado fuera hallado hoy, sería detenido. Pero, lo que mostró este Tribunal, más allá de los aciertos y errores, es que los militares son una parte de todo proceso. En la última dictadura de la Argentina, se puede ver claramente la relación que existía entre intelectuales, profesionales y empresarios con el poder militar. De hecho, las políticas económicas eran dirigidas por civiles, las catástrofes económicas son responsabilidades compartidas de militares y civiles, cómo también sus consecuencias. De esas políticas económicas se desprende también, el apoderamiento de dinero, bienes y empresas, la corrupción en todas su formas, cómo así también es de imaginar, que se utilizó la violencia, para amedrentar primero y expropiar después. Estos “colaboracionistas” que en algunos países de Europa fueron juzgados al terminar la Segunda Guerra, habían sido señalados por prestar servicios o hacer negocios con el Nazismo y el Fascismo. En La Argentina, es materia pendiente la investigación y el juzgamiento de todos aquellos civiles que colaboraron con la dictadura, los mismos en la actualidad andan caminando, por las mismas calles que nosotros.
domingo, 3 de octubre de 2010
SOLO HAY UNA COSA MAS EXECRABLE QUE UN MILITAR DICTADOR: UN CIVIL COLABORADOR
Esta nota ha sido publicada en el portal http://www.guardaelpomo.com/, si bien tiene referencias puntuales a Paysandú, Entre Ríos, podemos hacer una traslación hacia cosas que ocurren en el Chaco Argentino.
Me voy a referir al Ing. Ramón Appratto, que hoy aparece con solicitadas en El Telégrafo (claro), que además le reproduce todas sus intervenciones en la Junta Departamental, mostrándolo como el “paladín” de la democracia y de los pobres.
Ahora con sus “socios” políticos, Larrañaga, Bertíl Bentos, David Doti, Nicolás Olivera, Silva, Mega, Francolino, entre otros, hace campaña en base a lo que hizo siempre, el engaño y la mentira.
Habrá que recordar que mientras el Ing. Appratto obtenía buenas “calificaciones” como docente en el liceo Departamental intervenido, a sus colegas los destituían sin ningún proceso. Recuerdo algunos: los profesores Bortagaray, Bulanti, Ostuni, docentes de intachable prestigio que debieron dejar su lugar a los serviles de la dictadura.
El civil colaborador es pequeño de alma. Es tan pequeño que se escuda en el poder militar, en la bayoneta, para alguna vez ser alguien. Y después se desploma cuando ese poder militar ya no existe. Y no le gusta que le recuerden su pasado servil. Entonces buscan en las grietas de la democracia para ver si pueden meter alguna cuña. Pero ya es tarde. Sin los militares no son nadie. No tienen capacidad de ser alguien. Sólo les queda ese complejo de alcurnia boba para usar dos apellidos: “Appratto Lorenzo”, cuando es sabido que solo deben usar dos apellidos aquellas personas que tienen apellidos comunes (Pereira, García, González, Rodríguez). De lo contrario queda feo.
Los colaboradores de la dictadura son servidores en el peor sentido de la palabra: son serviles.
Mientras a sus conciudadanos los torturaban en los cuarteles, estos personajes discutían en la Junta de Vecinos si había que traer a Rafaela Carra al Estadio Municipal.
Mientras secuestraban a Nelsa Gadea, estos serviles civiles discutían la mala influencia del Carnaval Sanducero y lo prohibían durante años.
Mientras a Héctor “negro” Duarte le hacían el submarino, atado de pies y manos con alambre en la comisaria 3era, nuestros “buenos vecinos” serviles aprobaban el proyecto para destruir la histórica fuente en la Plaza Constitución.
Mientras los serviles hacían planes para Restaurar el Florencio Sánchez, prohibían las obras del autor para agradar al poder.
Moribunda ya la dictadura, estos personajes se preparaban para ser “demócratas” y sus jefes mataban en un cuartel de Rio Negro al Dr. Roslik. “El sedicioso preso estaba bien” dijeron los asesinos, “falleció de un paro cardiorespiratorio” escribían en aquella inefable primera autopsia. Seguramente que la “Honorable Junta de Vecinos” de serviles en ese momento organizaba la Semana de la Cerveza mirando para otro lado.
Estos serviles colaboradores eran ascendidos en las oficinas públicas, acumulaban varios trabajos públicos en medio de destituciones ilegales. Hoy en su gran mayoría todos ellos tienen jubilaciones de privilegio. Era el trofeo innoble del servil colaborador.
Mientras todos estos serviles salían en las fotos de las sociales de los diarios, al final de la década del 70 y principios del 80, otros recibíamos la solidaridad del exterior para ayudar a las familias que habían sido desmembradas por la violencia de la dictadura cívico-militar; padres, hermanos, tíos e hijos, habían sido encarcelados sin juicios y sin indagatorias. Aún tengo grabado en mi retina las imágenes de esas familias y de los compañeros que iban saliendo en libertad, con problemas físicos y neurológicos.
Frente a esta realidad, los serviles colaboradores de la dictadura, aunque se pongan dos apellidos como como el Ing. Apratto Lorenzo, deberían llamarse a silencio. Es la única actitud que los puede salvar de la carga de vergüenza que los aplasta cada vez que alguien recuerda su pasado servil (y somos muchos). Como a los colaboracionistas franceses de la ocupación nazi, su oprobioso pasado es una condena perpetua. Si un servil colaborador de la dictadura piensa, no debería hablar, y si habla, no debería publicar. Sólo por decencia.
LOS COMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA
Por Pacho O´ Donnell | 15.05.2010 | 23:20
Se ha instalado el hábito, no ingenuo como veremos, de nombrar al ominoso Proceso de Reorganización Nacional como “dictadura militar”. Al hacerlo, sin darnos cuenta, indultamos la esencial participación civil en el mismo.
Se ha instalado el hábito, no ingenuo como veremos, de nombrar al ominoso Proceso de Reorganización Nacional como “dictadura militar”. Al hacerlo, sin darnos cuenta, indultamos la esencial participación civil en el mismo.
Está demostrado el prematuro compromiso de políticos, economistas, religiosos y periodistas en la preparación del golpe de Estado favorecido por el pésimo gobierno de María Isabel Martínez de Perón y José López Rega que con su insólita ineficiencia, la violencia parapolicial de la Triple A, la corrupción generalizada, la licuación de salarios y ahorros, había creado un vacío de poder y una disconformidad colectiva que facilitó el suave aterrizaje del golpe.
La designación de Martínez de Hoz y su equipo de colaboradores estaba decidida con mucha anticipación, como así también el proyecto de progresivo desmantelamiento del Estado a favor de sectores concentrados nacionales e internacionales, sobre todo financieros, proyecto que se enraizaba en una nefasta tradición histórica del liberalismo argentino: liberal en lo económico y autoritario en lo políticosocial. En este caso ambos principios llevados a su exacerbación, puesto que el pretexto no era, como en asonadas anteriores, el supuesto reordenamiento de la vida institucional, sino que lo que se puso en marcha el 24 de marzo de 1976 fue el proyecto de transformación total de la organización económica, social y política de nuestro país
Una vez instalada la dictadura en el poder la complicidad civil fue, aún, más manifiesta. Ministerios clave como Economía, Educación, Relaciones Exteriores, Cultura, fueron ocupados por civiles que nunca fueron juzgados por ello; economistas de primer nivel que diseñaron, justificaron y protagonizaron políticas económicas que les era obvio que conducían al desastre, pero que les permitieron, mientras duraron, rentabilísmos negocios especulativos a favor del endeudamiento suicida y antipatriótico; empresarios que privilegiaron los negocios con el Estado facilitados por la absoluta falta de controles institucionales sin importarles el costo humanitario; artistas que se avinieron, con elevado provecho económico, a filmar películas exaltatorias del Mundial o amables comedias con las fuerzas armadas de protagonistas; sindicalistas que aprovecharon el terrorismo estatal de ultraderecha para eliminar a sus adversarios del peronismo combativo o de izquierda; intelectuales de valía que, a pesar de que muchos de sus colegas habían desaparecido, se habían visto obligados a exiliarse o nutrían las listas negras que les impedían el derecho al trabajo, aceptaban almuerzos con Videla, embajadas en el exterior o escribían y opinaban sobre temas encubridores.
El olvido colectivo que ha garantizado impunidad a un factor tan esencial de aquella época negra, se debe a que muchos de los cómplices civiles del Proceso continúan, hoy, en actividad, ocupando posiciones de importancia, tanto en el área pública como privada.
Es claro que los uniformados deberán pagar por su responsabilidad en aquella inmensa tragedia nacional, cuyas consecuencias perduran hasta nuestros días, pero reconozcamos que el ser hoy, paradojalmente, el sector social más indefenso de los que participaron los hace aptos para descargar allí, expiatoriamente, toda la responsabilidad y así disculpar al otro socio, sin el cual el Proceso no hubiera sido posible: los civiles.
Por ello, aprendamos a denominar al período 1976-1983 como “dictadura cívico-militar”, para cumplir con lo que hace muchos siglos reclamaba Simónides de Ceos: “La justicia consiste en dar a cada uno lo que merece”. Y no cejemos en el reclamo de que los responsables civiles, autores intelectuales de aquel monstruoso drama nacional, sean llevados a los tribunales de Justicia para que rindan cuenta por su participación.
*Historiador.
¿CUÁNTOS COLABORACIONISTAS Y/O SIMPATIZANTES DE LA DICTADURA, CREE USTED QUE EXISTIERON ?.
No creo que exista un trabajo pormenorizado, o al menos no lo conozco, para establecer, cuanta cantidad de gente adhirió en forma voluntaria, a las dictaduras. La última en especial, la más sangrienta y aberrante, contó seguramente con muchos civiles, que desde distintos órdenes, prestaron apoyo económico, cultural, educativo, judicial, político etc.
Cuando se estableció el tribunal de Núremberg y la responsabilidad de civiles, se deslizó que Francia, por ejemplo con el Gobierno de Vichy, había prestado un apoyo al nazismo, que iba más allá de lo que puede denominarse “(conveniente para el momento y determinadas clases, forzado, propio de gobierno satélite etc., )” sino que mediaba una verdadera aceptación ideológica. Otros, cómo Noruega, Lituania, Rumania etc., no representaban más que el 2% de voluntades afiliadas al régimen. Tomando este porcentaje y la población de la Argentina en esos momentos, daría algo así como 500.000 colaboracionistas y/o “simpatizantes” de la dictadura.
¿Habrá algún método para establecerlo?..Probablemente no…..Pero, la cuestión es poder “imaginar” cuanta gente saco provecho , cuanta gente coincidió ideológicamente , cómo se construyeron monumentales fortunas que formalizaron el poder oculto de la Argentina y la impunidad.
En ese “imaginar” basta acomodar las fechas, los acontecimientos y los personajes, y cómo por “arte de magia” aparecen los resultados…….pero claro….”son producto de nuestra imaginación”.
Fuente: http://blogs.clarin.com/usuarios/paolosacristan/
Fuente: http://blogs.clarin.com/usuarios/paolosacristan/
sábado, 2 de octubre de 2010
HACIA EL ENJUICIAMIENTO DEL COLABORACIONISMO CIVIL
El reciente encarcelamiento del ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar deja abiertas las puertas a la posibilidad de enjuiciar a quienes fueron partícipes necesarios y aun ideólogos del Genocidio Argentino.
Aunque el propio fiscal federal Federico Delgado argumentara a favor del arresto domiciliario del poderoso terrateniente José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante el Genocidio Argentino y señalado como autor de crímenes brutales enmarcados en la represión de Estado, el juez Norberto Oyarbide, que ordenó su detención (previa declaración de inconstitucionalidad del indulto que beneficiaba al anciano tecnócrata) rechazó toda posibilidad de excarcelar al reo, que específicamente está encausado por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel, quienes habían sido obligados durante su cautiverio a activar un negocio en Hong Kong para favorecer al acaudalado ministro.
El fiscal Delgado había manifestado, como es común en las causas sobre las brutalidades cometidas hace más de tres décadas, que “el arresto domiciliario debe ser concedido” a causa de la salud y de la edad del procesado. El juez que lleva el juicio, en cambio, prefirió permanecer a la espera de los resultados de informes médicos sobre la salud de Martínez de Hoz, actualmente internado en una clínica privada, para definir si le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria o si cumplirá detención en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Tanto fiscal como juez coincidieron en rechazar el pedido de exarcelación presentado por los defensores del genocida. El argumento de Oyarbide para sostener su determinación es que, si bien no se corren riesgos de fuga por parte del prisionero (como postulara el fiscal), el proceso abierto en su contra es un caso de “crímenes aberrantes cometidos durante la última dictadura militar”. Asimismo, el magistrado consideró que si el ex funcionario “no se detuvo para respetar vallas morales y bienes jurídicos más importantes, tampoco tendría por qué hacerlo respecto de otras acaso menores o subordinadas a aquellos”.
Un gran delincuente
José Alfredo Martínez de Hoz ha estado siempre en los sectores más retrógrados de la sociedad y el Estado. En su momento, los ancestros de Joe, se manifestaron contrarios a la independencia con respecto a España y financiaron el Genocidio Patagónico, perpetrado por Roca, por lo que fueron premiados con miles de hectáreas de la mejor tierra argentina. Su mano diseñó un plan económico que, como denunciara Rodolfo Walsh, no era otra cosa que un sistema de “miseria planificada”. Por intermedio de ese plan se sometió a la economía argentina a los grandes grupos del capital internacional concentrado, que desmantelaron el aparato industrial argentino en función del papel asignado para el país en la economía mundial: la producción de materias primas. En ese modelo sólo podían resultar beneficiados los dueños de la tierra, ergo: los Martínez de Hoz.
Para la concreción de su plan sin precedentes, Martínez de Hoz debía desestructurar el sólido movimiento sindical argentino, que no iba a tolerar fácilmente la destrucción del sistema agroindustrial. También debía considerar la oposición generada en los sectores ilustrados de una sociedad que, en su enorme mayoría, estaba integrada por las clases medias y en las que los movimientos de liberación, de todos los signos, ya iban dejando su marca en cada individuo. Ante estos “inconvenientes” para la práxis de su plan maquiávélico, el tecnócrata de rostro de buitre encontró en el genocidio un sistema y en las Fuerzas Armadas un servil arma. Las pruebas de su lamentable éxito se pueden ver aún hoy.
La detención de Joe Martínez de Hoz, como lo llamaban sus amigos de la Sociedad Rural Asesina, abre las puertas al enjuiciamiento de los cientos de colaboracionistas civiles de la dictadura, cuyo espaldarazo y sus ideas fueron, en clara terminología del derecho, partícipes necesarios de la destrucción económica de un país industrializado en su momento más allá de los parámetros sudamericanos y cuya clase intelectual se había constituido, sin exageraciones en esta apreciación, en el cerebro del hemisferio sur de la Tierra o en el hemisferio sur del cerebro de la Tierra.
AHORA SI ES "NUNCA MAS"
Domingo 26 de septiembre de 2010
Por Jorge Giles
jgiles@miradasalsur.com
El caso Strassera desnuda a una oposición política que se muestra anacrónica e incapaz de entender que esta Argentina del Bicentenario no es la misma del siglo pasado. Reaccionan “desagraviándolo” porque es una forma de ser indulgentes con ellos mismos y con la mediocridad que demostraron cuando fueron gobierno.
No es sólo la impunidad de los genocidas la que se terminó, también es la de sus cómplices civiles. Aunque cueste, la sociedad en su conjunto deberá procesar la cuota de responsabilidad que le cabe por los estropicios morales causados por el terrorismo de Estado. Las autoproclamadas “deidades republicanas” deberán dar cuenta de ello en primerísimo lugar.
En esta hora de encrucijadas, Strassera eligió actuar como el fiscal de la dictadura que fue y no como el que juzgó a los jefes de la dictadura. Al hacerlo, provoca la complicidad de radicales y “PJ” de derecha detenidos en el tiempo y que, a falta de ejemplos íntegros, lo rescatan cual héroe de barro construido durante un breve tiempo, a quien derribaron a fuerza de leyes de impunidad a posteriori, para volver a pasarle el plumero del olvido y homenajearlo finalmente en estos días.
Ni a Fellini se le hubiese ocurrido.
Ese sector político muestra así una carencia de ética y honestidad republicana, que explica su conducta sumisa ante las corporaciones y agresiva frente a los gobernantes que, desde el 2003, impulsaron el juicio y castigo a todos los culpables, no sólo a un pequeño grupo.
¿Qué es el cinismo sino el culto a la farsa de la historia? ¿Los mismos que echaron por tierra el juicio a los genocidas, con el punto final, la obediencia debida y los indultos, son los que homenajean al que en una hora de gloria posibilitó la condena a los comandantes?
Por otro lado, ¿el hombre que cuando ofició de fiscal de la dictadura interrogó a Lidia Papaleo atada a un camastro hospitalario, ahora es premiado por su foja de servicio presuntamente inmaculada?
¿Esa será la “contracultura kirchnerista” que proclamaron los diputados radicales Margarita Stolbizer y Ernesto Sanz? Es bueno que lo avisen a tiempo, porque serán millones los que seguirán fortaleciendo la cultura de la verdad, la memoria y la justicia iniciada el 25 de mayo de 2003 cuando asumió Néstor Kirchner y continuada en nuestros días con la veintena de juicios contra el terrorismo de Estado a lo largo y ancho del país.
Esta vez, no habrá vuelta al pasado.
“La culpa no es del chancho”, dice el antiguo refrán popular. Los responsables de tamaña ignominia son los cómplices de ese hombre que cuando decenas de miles de compatriotas sufrían cárcel, torturas, asesinatos y desapariciones, juraba por las actas y los estatutos del proceso de reorganización nacional; negó el hábeas corpus en defensa del ex gobernador Jorge Cepernic, como contó la Presidenta en su dolido mensaje; negó todos los hábeas corpus que le presentaban los familiares de los detenidos políticos; aceptó que así lo hacía porque “yo era fiscal y cumplía con las pautas. Somos muchos los fiscales que en ese momento denegábamos hábeas corpus. Era la legislación vigente. Si Cepernic estaba a disposición del Poder Ejecutivo (Videla) se decidía el rechazo del hábeas corpus”; avaló la negativa de los hijos presuntamente apropiados por la señora de Noble a someterse a exámenes genéticos con la misma lógica procesista de Elisa Carrió; el que declaró que la dictadura no lo echó “porque yo era un funcionario como la gente” y agregó: “Yo lo único que espero, y esto no deja de ser una manifestación política, es que (los Kirchner) terminen presos”.
Este hombre es una metáfora de la democracia tutelada que vamos dejando atrás.
Pero nada resulta más aberrante y ofensivo que saber que Julio Strassera supo escribir una carta a varios ex presos políticos, con fecha 23 de marzo de 1994, informando sobre la remisión por parte del Ministerio del Interior del menemismo, Resolución número 15, que ordenaba pagar las indemnizaciones acordadas por Ley 24.043 y que él tramitaría el cobro de cada ex detenido “previo convenio de honorarios equivalente al 15% del valor pecuniario que se logre obtener”.
No hacía falta abogados para percibir ninguna reparación por parte del Estado.
Las personas que se acercaron indignadas hasta nosotros en estos días muestran la firma de Strassera al pie del recibo que entregó a cada ex preso por la friolera de 15 mil dólares y algunos, hasta 19 mil dólares.
O sea, el mismo que interrogó y pidió condenas a detenidos en tiempos de la dictadura, les cobró luego, en democracia, jugosos honorarios cuando fueron liberados.
Desde esa “moral”, sólo puede acusarse a sí mismo.
Ninguna de estas personas, vale aclararlo, pretende que Strassera les devuelva ese dinero que les correspondía legítimamente por ser ex presos de la dictadura de la que él formó parte, ni pretenden homenaje alguno.
Sólo arriman su indignación en esta hora en que se está rompiendo el molde de una democracia que sirvió de cobijo a quienes se reciclaron después de su colaboracionismo, ayudados por los paladines “políticamente correctos”; tan correctos que seguramente, llegado el caso, volverían a quitarle las esposas a Lidia Papaleo y negarles el hábeas corpus a miles de ciudadanos que desaparecieron en la larga noche de la dictadura.
Eso sí, lo seguirían haciendo con “buenos modales” y “sin crispación”.
¿Es que acaso no se sienten siquiera avergonzados los opositores que llegaron hasta el último peldaño de la desvergüenza y el impudor ante las víctimas de la dictadura?
Todos ellos son “Strassera” por su propia decisión: colaboracionistas del olvido y la impunidad.
En la ofensa proferida contra la presidenta Cristina Fernández y el ex presidente Néstor Kirchner, ofenden la memoria de los 30.000 desaparecidos, ofenden a quienes se honran en ser testigos contra los genocidas, ofenden a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y ofenden al único gobierno democrático que hizo posible que se haga justicia sin aceptar límite alguno, desterrando para siempre la resignación moral a la que quisieron acostumbrarnos.
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